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Nos reunimos frente al Tribunal del Condado de Leon, en Tallahassee, una hermosa mañana de octubre, con el Capitolio de Florida a la vista. Éramos obispos, pastores y líderes de fe evangélicos y pentecostales latinos, congregados para hablar en una conferencia de prensa sobre la santidad de la vida humana y nuestra creciente preocupación por el ritmo extraordinario de las ejecuciones en Florida.

A unas 150 millas de distancia, en la Prisión Estatal de Florida, el estado se preparaba para quitarle la vida a un hombre. Ese día, Florida ejecutaría a James Robertson por el asesinato de Frank Hart. Robertson fue la decimoséptima persona ejecutada en nuestro estado este año.

Habíamos llegado a Tallahassee con un mensaje sencillo: Es hora de suspender las ejecuciones y dar lugar a la misericordia.

Para nosotros, la santidad de la vida no es una postura política. Es una convicción profunda, arraigada en nuestra fe cristiana. Creemos que toda persona ha sido creada a imagen de Dios y posee una dignidad inherente que no puede ser arrebatada, ni siquiera por el crimen más terrible. Creemos en la rendición de cuentas y en la justicia. Pero también creemos en la misericordia, la redención y la posibilidad de transformación.

Esa convicción compartida reunió a más de 100 obispos, pastores y otros líderes de fe evangélicos y pentecostales latinos para firmar una carta en la que instamos al gobernador Ron DeSantis a suspender las ejecuciones en Florida. La carta refleja una creciente disposición entre los líderes evangélicos latinos a hablar pública y colectivamente sobre un tema que rara vez se ha discutido en nuestras iglesias. Nuestro silencio está llegando a su fin.

En nuestra carta, escribimos que, para una Iglesia llamada a participar en la misión reconciliadora de Dios, el carácter irreversible de una ejecución no puede conciliarse con una visión de la justicia en la que la misericordia y la restauración sigan siendo posibles. Nos inspiramos en las palabras de Deuteronomio 30:19, donde Dios pone ante su pueblo la vida y la muerte, las bendiciones y las maldiciones, y lo llama a “elegir la vida, para que tú y tus hijos puedan vivir”.

Nuestro llamado llega mientras Florida avanza en dirección contraria a gran parte del país. Esta misma semana, la gobernadora de Alabama, Kay Ivey, conmutó una pena de muerte por tercera vez, citando dudas sobre las pruebas del caso. Los gobernadores de Oklahoma, Carolina del Norte y Ohio también han conmutado penas de muerte. Estas decisiones demuestran que, incluso en los estados que mantienen la pena capital, los gobernadores pueden ejercer su autoridad con cautela, compasión y moderación.

Este año, Florida ha llevado a cabo más de la mitad de todas las ejecuciones en Estados Unidos. En 33 estados, la pena de muerte ha sido abolida o no se ha realizado ninguna ejecución en al menos una década. Las nuevas condenas a muerte se mantienen cerca de sus mínimos históricos, y el apoyo público a la pena capital ha disminuido considerablemente durante las últimas décadas. Sin embargo, Florida continúa a un ritmo récord.

El sistema de pena de muerte de Florida avanza demasiado rápido, con muy poca reflexión, y a menudo recae sobre las personas más vulnerables. Muchas personas que enfrentan la ejecución en Estados Unidos han sufrido graves traumas infantiles, negligencia, abuso, enfermedades mentales sin tratar o daño cerebral. Lo mismo ocurre en Florida. De las diecinueve personas que el estado ejecutó en 2025, casi todas presentaban al menos una de estas condiciones de vulnerabilidad, y la mayoría presentaba varias. Estas circunstancias no justifican sus crímenes ni disminuyen el sufrimiento de las víctimas y sus familias. Pero nos recuerdan que las vidas humanas son complejas y que la justicia debe dejar espacio para la compasión.

Existen muchas otras razones para oponerse a la pena de muerte, entre ellas el riesgo de ejecutar a una persona inocente, su aplicación desigual y el impacto, a menudo ignorado, sobre el personal penitenciario, los abogados, los jueces, las familias y todas las personas involucradas en el proceso. Cada una de estas cuestiones plantea una preocupación moral. Pero, para las personas de fe que creemos en la santidad de la vida humana, todas nos llevan a una pregunta central: ¿Debe el estado quitar una vida cuando existen otras maneras de exigir responsabilidad por los actos cometidos y proteger a la sociedad?

Creemos que la respuesta es no. Somos mejores que esto.